La implementación de la cobertura universal en México carece de recursos y planificación, lo que puede agravar la saturación hospitalaria y afectar a los pacientes.
La reciente aprobación de una política para ampliar la cobertura médica en México ha sido criticada por expertos debido a la falta de recursos financieros, infraestructura y reglas claras para su operación efectiva. La iniciativa, que busca ofrecer atención universal, enfrenta desafíos significativos, como la insuficiencia de personal, tecnología y materiales necesarios para atender a la población.
El aumento en la demanda de servicios podría saturar aún más hospitales públicos, provocando retrasos en cirugías, consultas y diagnósticos, y en algunos casos, resultando en muertes prematuras o complicaciones graves por la demora en la atención. La situación genera también un incremento en los gastos de bolsillo de las familias, profundizando la pobreza causada por gastos médicos, además del impacto social por el cuidado no remunerado de pacientes.
Desde una perspectiva técnica, la viabilidad del intercambio de servicios entre instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el programa IMSS Bienestar, ha sido cuestionada por la sobrecarga en su infraestructura actual. Los hospitales y unidades médicas existentes no tienen capacidad para atender a los propios derechohabientes, mucho menos a pacientes enviados desde otras instituciones, lo que puede traducirse en cancelaciones de cirugías y consultas programadas debido a la falta de materiales, lo cual representa un riesgo directo para la salud de los afectados.
En términos económicos, los costos para atención médica en instituciones como el IMSS pueden llegar a los 82,158 pesos diarios en unidades de cuidados intensivos, mientras que el IMSS Bienestar opera con un presupuesto mucho menor, aproximadamente 4,490 pesos por paciente. A esto se suma que el ISSSTE no cuenta con recursos suficientes para cubrir los gastos de los servicios que se pretenden gestionar mediante convenios de intercambio, poniendo en riesgo las finanzas de las instituciones y la calidad de atención.
Históricamente, la falta de inversión en el sector salud ha provocado un aumento en el gasto privado y en la carga social, temas que deben abordarse con planeación estratégica para evitar que la universalización sea solo una promesa sin respaldo técnico y financiero, y que termine provocando un deterioro en la calidad y el acceso a los servicios médicos públicos.
Este escenario resalta la necesidad de fortalecer la infraestructura y los recursos del sistema público, además de establecer mecanismos claros y sostenibles para garantizar una atención efectiva en toda la población mexicana.