La reducción del financiamiento para el sector salud y la falta de recursos adecuados ponen en riesgo la atención médica de millones en el país, mientras se buscan soluciones mediante reformas legales.
La crisis del sistema de salud en México continúa agravándose ante recortes presupuestales que han reducido en un 10 por ciento sus fondos desde 2024 y mantienen un subejercicio del 4 por ciento en 2025. Para 2026, se anticipan nuevas disminuciones de 4.7 por ciento, lo que ha deteriorado aún más los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dejándolos sin suficientes medicinas y tratamientos oportunos para los derechohabientes.
Este contexto evidencia una problemática estructural que va más allá de los recortes. La falta de recursos adecuados refleja una prioridad limitada en la atención a la salud pública, afectando a las familias que deben acudir a clínicas privadas con costos elevadísimos. La falta de inversión en políticas públicas de salud, combinada con campañas legislativas que no abordan la raíz del problema, perpetúa el deterioro del sistema sanitario nacional.
Expertos y actores políticos sugieren que, en lugar de adoptar medidas punitivas como la prohibición de productos como los vapeadores, el verdadero compromiso reside en asignar fondos suficientes para garantizar atención de calidad. Un ejemplo de propuesta innovadora es la creación de un fondo especial para enfermedades catastróficas, financiado con impuestos específicos sobre el consumo de ciertos productos, que se destine integralmente a fortalecer los servicios médicos públicos. Este enfoque no solo aliviaría la carga financiera de las familias mexicanas, sino que además contribuiría a reducir el impacto del crimen organizado en mercados ilegales relacionados con productos prohibidos.
En este escenario, la implementación de una ley de reembolso para el IMSS y el ISSSTE, que garantice el pago de servicios y medicinas no brindadas oportunamente, sería un avance clave para mejorar la situación actual del sistema de salud mexicano, que requiere una transformación en la asignación y uso de recursos.
Este problema evidencia una realidad tangible: sin inversión suficiente y políticas públicas que prioricen la salud, las familias mexicanas seguirán enfrentando dificultades extremas para acceder a atención médica digna y oportuna, lo que requiere una acción decidida y sustentada en el incremento presupuestal y una gestión eficiente.