La recuperación del salario mínimo general es un compromiso de la iniciativa privada y el gobierno, orientado a superar la pobreza sin afectar la estabilidad.
La situación económica del país enfrenta múltiples desafíos, como el estancamiento en el crecimiento, obstáculos comerciales y la inseguridad que afectan la productividad y el empleo. Sin embargo, atribuir los problemas económicos al salario mínimo general (SMG) sería una simplificación inexacta y peligrosamente manipuladora.
Desde 2017, organizaciones empresariales como Coparmex se comprometieron públicamente a impulsar una recuperación del SMG que permita que este refleje el costo de dos canastas básicas, con el objetivo de reducir la pobreza laboral y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un plazo que inicialmente estaba previsto para 2024. Tras diversas circunstancias, incluyendo la pandemia, el plan se ha reprogramado para concretarse en 2026, sin que ello implique una desconsideración de la realidad económica.
Las evidencias muestran que los aumentos del salario mínimo han sido responsables y sin generar inflación desmedida: durante los últimos años, los incrementos salariales en términos reales han sido moderados, en contraste con los incrementos del salario medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que aunque mayores en porcentaje, no reflejan una distorsión en la economía real. Además, las negociaciones colectivas y la estabilidad laboral se han mantenido, evidenciando la inocuidad del incremento en términos de inflación y conflictos laborales.
Para avanzar en la recuperación económica, es imprescindible priorizar políticas que incrementen el poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos, sin sacrificar la estabilidad macroeconómica. La verdadera discusión debe centrarse en cómo lograr los objetivos de manera sustentable, diferenciado claramente entre las causas estructurales del bajo crecimiento y las decisiones sobre el salario mínimo, que en realidad corresponden a una estrategia de justicia social y productividad.
El compromiso de la iniciativa privada, junto con la autoridad, continúa enfocado en cumplir con la meta de que el salario mínimo deje de ser un factor de pobreza sin que ello signifique un riesgo para la inflación o la competitividad del país. La recuperación del SMG, basada en hechos y en una visión de largo plazo, sigue siendo una pieza clave para una economía más inclusiva y resiliente.