Expertos advierten que los cambios afectan la protección ciudadana, el acceso a la justicia y limitan derechos históricos en México. En un análisis reciente, especialistas en derechos humanos y justicia alertaron sobre las implicaciones de la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado mexicano, la cual se encuentra en revisión por la Cámara de Diputados. La modificación, consideran, representa un severo retroceso en las garantías constitucionales que permiten a los ciudadanos defenderse ante abusos de autoridad y violaciones a derechos fundamentales. El amparo ha sido durante décadas una herramienta esencial para frenar actos arbitrarios de autoridades, permitiendo que jueces federales intervengan en casos que implican desde expropiaciones hasta violaciones de derechos humanos por parte de entidades públicas. La nueva legislación restringiría la posibilidad de presentar amparos en defensa del interés legítimo, limitando la protección a causas colectivas como la protección ambiental, lo que sería visto como un retroceso de aproximadamente 30 años en el marco jurídico del país. Además, expertos advierten que las reformas encarecerán el acceso a la justicia, favoreciendo a grandes empresas que podrán costear largos procesos, mientras que la población de bajos recursos quedará en desventaja. Un ejemplo evidente es la resistencia contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público en Quintana Roo, donde las grandes compañías se amparan para evitar pagos, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan obstáculos económicos. Otra modificación preocupante se refiere a la suspensión del acto reclamado, que antes impedía la ejecución de medidas dañinas por parte de las autoridades durante el proceso judicial. La reducción de esta protección podría facilitar acciones como expropiaciones injustificadas sin que un juez intervenga de inmediato, debilitando la protección del ciudadano frente a decisiones estatales. Cabe destacar que el juicio de amparo fue pionero en México y si
