La asignación de juzgadores enfrenta retrasos y vacantes, afectando la eficacia de la justicia en la transición judicial. Desde la reciente renovación en la estructura del Poder Judicial de México, las complicaciones en la asignación de los juzgadores han provocado un inicio menos organizado de lo esperado. La llegada de los nuevos magistrados y jueces, que en algunos casos aún no cuentan con órganos completos, ha generado retrasos en la trámite de casos urgentes, afectando la continuidad de los procesos judiciales. La transición, que debía formalizarse con la participación de todos los juzgadores desde el primer día, se ha visto marcada por vacantes superiores al 50 por ciento en diversos tribunales, especialmente en la Ciudad de México. Además, una significativa cantidad de jueces electos decidió anticipar su retiro, alegando dificultades en la adaptación y la percepción de un sistema poco preparado para estos cambios. Expertos en la materia advierten que estas problemáticas evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de planeación y dotación de recursos para garantizar la estabilidad y eficacia del nuevo esquema judicial. La situación actual, caracterizada por la desorganización en la integración de tribunales y juzgados, pone en riesgo la celeridad y la certeza en la administración de justicia, elementos fundamentales para la confianza ciudadana y el estado de derecho en México.
