La reciente resolución oficializa la “dolarización” de saldos adeudados, postergando devoluciones y permitiendo el maquillaje financiero hasta después del próximo mandato presidencial.
El Estado ha implementado una estrategia contable para postergar el reconocimiento de obligaciones con importadores y exportadores, de manera que las deudas acumuladas hasta octubre de 2025 puedan ser convertidas a dólares y retenidas hasta 2027. Esta maniobra, formalizada mediante la Resolución 1834/2025, busca extender el reconocimiento de estas obligaciones, impidiendo que influyan en las cifras fiscales inmediatas. La resolución establece que quienes elijan dolarizar sus saldos solo podrán solicitar devolución o compensación a partir de enero de 2027, eficazmente dejando fuera del cálculo fiscal actual una parte significativa de la deuda.
Especialistas en economía advierten que esta práctica es una forma de maquillar las cifras de superávit, ya que traslada el déficit de caja de hoy al próximo año electoral, evitando que se reflejen los verdaderos problemas financieros en el presente. La recaudación fiscal disminuye, los intereses de la deuda aumentan de manera significativa y el superávit oficial se mantiene muy por debajo de los compromisos establecidos con organismos internacionales. La medida también afecta a la industria ante la recesión actual, forzándola a financiar sin beneficios a largo plazo.
Desde una perspectiva macroeconómica, la estrategia implica un riesgo importante, ya que aumenta la incertidumbre sobre la verdadera situación fiscal del país. La acumulación de intereses capitalizados y el retraso en reconocimientos oficiales elevan el déficit a niveles que superan las metas pactadas, poniendo en cuestión la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. En este contexto, las cifras oficiales no reflejan la realidad económica, dificultando la toma de decisiones informadas y confiables.