La resolución establece que las instituciones educativas deben prevenir y atender la violencia, reparando daños a niños vulnerables como los con TDAH.
Hace una década, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un precedente legal en la protección de los derechos de los menores al dictar una sentencia que responsabilizó a una institución educativa por acoso escolar. La decisión marcó un punto de referencia para entender que las escuelas tienen la obligación de prevenir, detectar y intervenir en casos de violencia en el entorno escolar, especialmente cuando afectan a niños con condiciones de vulnerabilidad como el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
El fallo se fundamentó en que, ante la evidencia de conductas tanto verbales como físicas por parte de una profesora hacia un niño con TDAH, la omisión de la escuela para actuar en su protección constituía una negligencia que afectaba su dignidad y derechos fundamentales. La corte determinó que, en estos casos, la responsabilidad recae no solo en la conducta dolosa del agresor, sino también en la institución que, por omisión, permitió que dichas conductas sucedieran sin tomar medidas correctivas o preventivas. Además, la sentencia amplió la definición de acoso escolar, abarcando conductas reiteradas que impactan emocional, física o patrimonialmente a los estudiantes, sin requerir demostrar intenciones específicas o un desequilibrio de poder intencional.
A lo largo de los años, esta jurisprudencia ha sido referencia obligada para tribunales y autoridades educativas en la resolución de casos relacionados con violencia y discriminación en instituciones escolares. La sentencia también introdujo un mecanismo de responsabilidad basado en la prueba de la existencia del acoso, la negligencia institucional, el daño y la relación causal, fortaleciendo el marco legal para la protección de menores en situación de vulnerabilidad. La reparación de daños y la imposición de medidas disuasorias son elementos clave de la sentencia, procurando que las instituciones educativas asuman su rol en la creación de entornos seguros y respetuosos.
Este pronunciamiento judicial ha contribuido a que los escolares con TDAH y otras condiciones de vulnerabilidad reciban una atención más rigurosa y comprometida por parte de las autoridades educativas. Desde entonces, la jurisprudencia ha impulsado la adopción de protocolos más rigurosos para prevenir la violencia y garantizar la protección efectiva de todos los estudiantes, promoviendo una cultura escolar inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.