El proceso busca establecer lineamientos para vincular líneas telefónicas con datos de identificación, generando expectativas y preocupación sobre la privacidad.
Tras la publicación del anteproyecto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha puesto en marcha un proceso de consulta pública para definir las directrices del nuevo registro de telefonía móvil en México. La iniciativa surge en el marco de la reciente Ley de Telecomunicaciones, que obliga a los usuarios a presentar documentos oficiales, como la Clave Única de Registro de Población (CURP), al solicitar una nueva línea telefónica, ya sea prepago o pospago, en los centros de atención de las empresas telefónicas. Este mecanismo pretende vincular de manera oficial las líneas móviles con los datos de los usuarios, con la finalidad de mejorar la seguridad y reducir delitos vinculados al uso de teléfonos celulares. Sin embargo, la propuesta ha generado inquietudes entre organizaciones civiles y expertos en derechos digitales, que advierten sobre antecedentes históricos. La implementación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en 2008, durante la administración de Felipe Calderón, no logró reducir la incidencia delictiva y terminó con la filtración de información, la cual fue vendida en el mercado negro en 2011. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha asegurado que los datos serán resguardados por las compañías telefónicas en conformidad con la legislación vigente sobre protección de datos. Sin embargo, la comunidad académica y organizaciones defensoras de derechos digitales continúan expresando dudas sobre posibles riesgos de privacidad y seguridad, tema que podría ser objeto de discusión durante la consulta pública y en futuros debates legislativos. La importancia de este proceso radica en equilibriar la necesidad de fortalecer la seguridad pública con la protección de los derechos de los usuarios, en un contexto donde la digitalización de los servicios y datos personales aumenta rápidamente.