A partir de enero, las líneas telefónicas deberán vincularse a la CURP y datos biométricos para mejorar la seguridad y combatir delitos digitales.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y reducir ilícitos asociados a la telefonía móvil, México entrará en una fase definitiva de obligatoriedad en el registro de líneas telefónicas. Desde el 9 de enero de 2026, las compañías de telecomunicaciones deberán implementar plataformas tecnológicas que permitan vincular cada línea a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y datos biométricos, como parte del Padrón de Telefonía Móvil. Esta medida busca identificar de manera precisa a los usuarios, dificultando usos ilegales como la extorsión y el fraude digital, que han aumentado en los últimos años.
Aunque legalmente no existe un límite de líneas por persona, las políticas internas de las operadoras definen controles que generalmente permiten registrar entre cinco y 10 líneas en prepago por usuario, con restricciones automáticas para evitar prácticas irregulares. Para los planes de renta, el número de líneas dependerá de la capacidad financiera del cliente y de las evaluaciones de riesgo realizadas por las empresas. Empresarios y personas morales pueden gestionar decenas o incluso cientos de cuentas vinculadas a un mismo RFC, siempre que justifiquen su uso.
El proceso de registro, que inició como prueba piloto en septiembre de 2025, se volverá obligatorio en los próximos meses. Los usuarios tienen hasta finales de junio para completar la vinculación, que requiere presentar identificación oficial y una prueba de vida mediante una selfie, en el caso de los trámites remotos. La suspensión de las líneas no vinculadas será automática y solo permitirá llamadas a emergencias y atención ciudadana. La implementación de estas plataformas y protocolos representa un paso decisivo en la lucha contra delitos digitales, pero también plantea desafíos significativos en protección de datos y preparación tecnológica.
Este esquema refleja la creciente preocupación del gobierno mexicano por blindar la seguridad digital, en un contexto donde las amenazas vinculadas a la delincuencia cibernética están en aumento. La eficiencia y transparencia en la gestión del padrón serán esenciales para evitar errores y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, mientras se busca equilibrar seguridad y privacidad en un país con una de las poblaciones telefónicas más grandes del continente.