El proceso busca reducir delitos como extorsiones mediante el registro de más de 143 millones de líneas móviles en el país, con plazos y multas claras.
A partir de principios de 2024, las operadoras de servicios móviles en México deberán implementar un sistema de registro obligatorio de líneas telefónicas para todos sus usuarios. Durante los primeros 30 días posteriores a la publicación oficial de las regulaciones, las principales empresas mayoristas del sector, incluyendo Telcel, AT&T, Telefónica México y Altán Redes, tendrán la tarea de instalar plataformas tecnológicas que vinculen a los usuarios con sus líneas telefónicas.
Este proceso forma parte de una estrategia que, en un plazo máximo de 120 días, permitirá a todos los operadores registrar la totalidad de sus clientes, una tarea que coincide con la temporada del Mundial de Fútbol, aumentando la presión sobre las operaciones. Actualmente, algunas empresas ya realizan un piloto de registro, enviando mensajes SMS a los usuarios que deben acudir a centros de atención para verificar su identidad mediante CURP o pasaporte, aunque la regulación aún no ha entrado en vigor oficialmente.
El nuevo marco legal abarca tanto SIM físicas como eSIM virtuales, nacionales e internacionales, que utilizan en México. Quedarán habilitadas solo para llamadas de emergencia y atención ciudadana si no se registran, reforzando los esfuerzos para disminuir delitos como la extorsión, que ha causado casi 7,000 víctimas en lo que va del año.
El proceso de implementación requerirá una inversión superior a 4,050 millones de pesos, destinados al desarrollo de plataformas digitales para la validación de identidad. Empresas como Altán Redes, Telcel y AT&T serán responsables de crear y operar estos sistemas, mientras que los Operadores Móviles Virtuales (OMV) deberán arrendar infraestructura para cumplir con la regulación. Las sanciones por incumplimiento van desde multas significativas hasta la desconexión del servicio para los usuarios.
Este mecanismo de control forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad digital y reducir la incidencia delictiva relacionada con el uso de teléfonos móviles en el país, en un contexto donde la digitalización se vuelve clave para la protección ciudadana y la transparencia en las telecomunicaciones.