La presidenta propone cambios legislativos y administrativos para mejorar la atención y prevenir la violencia de género en todo el país.
Recientemente, la presidenta de México impulsó una serie de reformas legislativas y estructurales destinadas a fortalecer la protección y atención a mujeres, adolescentes y niñas vulnerables frente a la violencia y la discriminación. Entre las modificaciones principales, se destaca la creación de un nuevo sistema que reemplazará a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con la finalidad de optimizar los mecanismos de respuesta y atención con una perspectiva de género y sin discriminación.
Estas reformas incluyen cambios en diversas leyes, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que permitirá una justicia más equitativa y sensible a los derechos de las mujeres. Además, se establece que todas las acciones relacionadas con la atención a víctimas deben realizarse con perspectiva de género, garantizando igualdad en el trato y en las oportunidades de protección.
Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la incorporación de la Secretaría de las Mujeres en roles clave, como la coordinación del sistema y la emisión de alertas de género, además de la administración de datos sobre casos de violencia. La iniciativa también contempla la ampliación de centros de atención y refugios, con mecanismos que aseguren una atención inmediata, sin revictimización, y un seguimiento riguroso de los casos de violencia sexual, asegurando respuestas eficaces.
Las reformas buscan, además, eliminar las desigualdades laborales y educativas, promoviendo igualdad salarial y fomentando el acceso universal a la educación con una visión inclusiva y libre de prejuicios. Asimismo, se fortalecen los protocolos en instituciones como el IMSS y la Secretaría de Migración, incorporando la perspectiva de género en la protección y atención integral de mujeres y niñas en distintos contextos.
Estas acciones legislativas resaltan la importancia de una política pública integral para disminuir la violencia y promover la igualdad en todos los ámbitos sociales, consolidando un compromiso gubernamental con los derechos humanos y la protección de las poblaciones más vulnerables.