La modificación legal impone estrictas obligaciones de vigilancia y almacenamiento de datos, afectando a las pymes y a la economía digital en México. Una reciente reforma en materia fiscal en México ha generado preocupaciones entre expertos en derechos digitales y empresarios, debido a las estrictas obligaciones que impone a las empresas para garantizar la transparencia y el cumplimiento tributario. La iniciativa establece que los prestadores de servicios digitales deben mantener registros permanentes con información que permita verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluyendo detalles como ubicaciones, historiales y datos biométricos, sin especificar claramente los límites o exclusiones de dicha información. Esta medida puede traducirse en una vigilancia excesiva sin mecanismos claros de supervisión ni garantías sobre el uso de los datos, lo cual representa una transgresión al derecho a la privacidad. Organizaciones como Artículo 19 han alertado que el bloqueo de servicios sin orden judicial, como sanción por incumplimientos, podría constituir una forma de censura previa y contraria a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Además, la implementación de estas obligaciones exigirá importantes esfuerzos técnicos y económicos por parte de las empresas, incluyendo la actualización de sistemas, medidas de ciberseguridad y la contratación de personal especializado. Estas modificaciones amenazan especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas que dependen del internet para su operación, pues las nuevas cargas regulatorias podrían desincentivar el uso de plataformas digitales en favor de negocios tradicionales. La reforma también obliga a las empresas a designar un domicilio fiscal en el país, actualizar políticas de privacidad y mantener evidencias documentales de sus acciones ante requerimientos oficiales. La expectativa por el reglamento que emitirá el SAT ha generado incertidumbre, puesto que la adaptación será costosa y
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