El Congreso aumenta las sanciones por delitos de extorsión, incluyendo ataques con violencia, uso de menores y participación de grupos delictivos, fortaleciendo la justicia en México.
El Senado de la República avanzó en la aprobación de una reforma que incrementa significativamente las penas aplicables en casos de extorsión. Las modificaciones establecen que quienes obliguen a otra persona a realizar, dejar de hacer o tolerar alguna acción, obteniendo un beneficio personal o para terceros, podrán recibir condenas que alcanzan los 42 años de prisión en los casos más graves. La legislación también contempla aumentos en las sanciones cuando se empleen violencia física o moral, se utilicen menores de edad, o se actúe en coordinación con organizaciones delictivas.
Es importante destacar que la reforma busca fortalecer herramientas legales para combatir la extorsión, un delito que afecta la economía y la tranquilidad social en distintas regiones del país. Además, se incorporan medidas para inhibir intentos de introducir dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, elevando las penas de 8 a 12 años y aplicando multas considerables.
En el contexto actual, el endurecimiento de las penas refleja una estrategia para disuadir conductas delictivas vinculadas con la extorsión, además de facilitar la persecución de quienes operan en complicidad con organizaciones criminales y afectan el bienestar de comunidades y servidores públicos. La iniciativa ahora será revisada en las etapas finales del proceso legislativo para su eventual publicación como ley.