Una nueva iniciativa busca proteger la libertad de expresión en el ámbito político, estableciendo límites a sanciones y contenidos en redes sociales. Una propuesta legislativa presentada recientemente en la Cámara de Diputados tiene como objetivo modificar ciertos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), con el fin de fortalecer la libertad de expresión en temas políticos. La iniciativa, que será analizada en comisiones y posteriormente en el pleno, busca evitar que las instituciones electorales sancionen a ciudadanos por expresar opiniones, especialmente en plataformas digitales. Entre las modificaciones destaca la inclusión de reglas que priorizan medidas no restrictivas, como respuestas o aclaraciones, antes que bloqueos o eliminación de contenidos. Además, la propuesta establece líneas claras para sanciones en casos de violencia política digital, señalando que las sanciones deberán ser restaurativas y que el retiro de contenidos deberá hacerse solo en situaciones graves y mediante procedimientos debidamente fundamentados. En ese contexto, se añade un nuevo párrafo que subraya la necesidad de aplicar un test de proporcionalidad antes de limitar la expresión, promoviendo así una esfera pública más libre y respetuosa. Asimismo, la iniciativa busca aclarar qué conductas no serán consideradas violencia política, específicamente las críticas basadas en la trayectoria o ideología de funcionarios y participantes en procesos democráticos. Esto pretende evitar sanciones por opiniones que forman parte del ejercicio institucional y ciudadano de la libertad de expresión. La propuesta ha recibido la denominación de "Ley Anti-Dato Protegido", en referencia a casos recientes en los que ciudadanos enfrentaron sanciones por cuestionar públicamente a figuras políticas, como en el caso de una ciudadana de Sonora multada por criticar a una legisladora. Esta iniciativa constituye un esfuerzo legislativo por garantizar un debate abierto y res
