Expertos señalan que cambios propuestos podrían limitar la protección judicial y restringir el acceso a la justicia ciudadana en México. Diversos especialistas alertan sobre posibles impactos negativos en el marco de protección de derechos en México ante la propuesta de modificación a la Ley de Amparo, presentada por la Oficina Jurídica del Gobierno Federal. La iniciativa, en análisis en el Congreso, incorpora cambios que redefinen conceptos como interés legítimo y establecen una mayor vigilancia del Estado sobre los intereses sociales y públicos, lo que podría limitar la capacidad de los ciudadanos para recurrir a mecanismos judiciales en defensa de sus derechos fundamentales. Desde 1947, la norma ha sido reformada en múltiples ocasiones bajo principios de progresividad y protección individual. Sin embargo, la propuesta actual plantea un giro hacia un modelo que favorece al Estado, colocando énfasis en la seguridad y el orden público. Entre las modificaciones, se destaca la exigencia de que quienes interpongan amparos acrediten una lesión jurídica real y diferenciada, lo que, según expertos, puede disminuir el acceso a la justicia, especialmente en casos sociales o ambientales. Además, la iniciativa restringe la suspensión de amparos en temas de interés social y financiero, incluyendo operaciones contra el lavado de dinero y la evasión fiscal. A pesar de ciertos avances en digitalización y procedimientos que aceleran los procesos, las restricciones en la acreditación del interés legítimo y las limitaciones a efectos de suspensiones podrían obstaculizar la protección efectiva de los derechos ciudadanos. La propuesta forma parte de un paquete de reformas al Poder Judicial impulsado en el contexto de la Cuarta Transformación y se espera que sea dictaminada en breve, lo que genera preocupación entre organizaciones civiles y académicos. En ese sentido, expertos consideran que estas modificaciones podrían representar un retroceso en la protección judicial y en la garantí
Miércoles, 13 de mayo de 2026
