Legisladores del PAN rechazan cambios en la legislación hídrica por considerarlos un intento de control político y vulneración del federalismo. En un contexto de movilizaciones y manifestaciones por parte de productores agrícolas, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) han expresado su rechazo a una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La modificación busca regular el uso del agua en el país, pero algunos legisladores consideran que las actualizaciones imponen sanciones penales excesivas y atentan contra la autonomía de los entes federativos. La propuesta propone penas que van de dos a diez años de cárcel para quienes trasladen agua en pipas sin autorización o posean volúmenes considerados ilegales, lo que ha generado alarma en el sector agrícola y ha motivado diversas protestas en varias regiones. Desde la oposición, se argumenta que los cambios podrían ser utilizados para ejercer control político y restringir el derecho de los productores a gestionar recursos hídricos localmente. La diputada federal Rocío González Alonso, en representación de la bancada, afirmó que si bien reconocen la necesidad de luchar contra la corrupción, no deben vulnerarse principios constitucionales como el federalismo. Para contextualizar, en los últimos meses, la crisis por la escasez de agua en varias zonas del país ha intensificado el debate sobre la gestión hídrica y las políticas federales relacionadas. La movilización de los productores refleja la preocupación acerca de las posibles restricciones que la reforma podría implicar para las actividades agrícolas, esenciales para la economía rural. El coordinador de los legisladores del PAN en el Congreso, Alfredo Chávez Madrid, anunció que presentará un punto de acuerdo para solicitar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que reconsidere la reforma, argumentando que las propuestas actuales no atienden las necesidades de los diferentes sectores afectados. La controversia continúa siendo
Miércoles, 13 de mayo de 2026
