La reciente propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales busca fortalecer la gestión estatal, pero enfrenta retos en capacidad e implementación.
La legislación vigente en materia de recursos hídricos en México, vigente desde 1992, fue creada bajo un enfoque neoliberal con la finalidad de promover el desarrollo industrial y responder a la competencia internacional. Recientemente, se ha presentado una propuesta de reforma orientada a que solo el Estado tenga la autoridad para regular y garantizar el uso del agua, restringiendo la transmisión de concesiones por particulares y eliminando ciertos cambios de uso. Este proyecto, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, intenta rectificar algunos vicios del marco normativo anterior, aunque mantiene aspectos que generan controversia, como la protección insuficiente a comunidades y pueblos originarios.
Un aspecto crítico de la iniciativa es la capacidad institucional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que esta entidad no dispone de suficientes recursos humanos para brindar una supervisión efectiva. La presencia de pocos inspectores en un territorio extenso limita la vigilancia sobre las concesiones y el cumplimiento de las regulaciones, lo que puede afectar la conservación y el acceso equitativo al recurso. La escasa supervisión también impide medir con precisión el volumen de agua que los concesionarios utilizan, generando incertidumbre sobre el estado real del recurso en un contexto de cambio climático donde la escasez se agravará. Expertos en políticas públicas advierten que estas deficiencias amenazan la sostenibilidad hídrica del país y la protección de comunidades vulnerables, enfatizando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y regulación en el sector.