La nueva Constitución de Santa Fe otorga mayor influencia a la política en la elección y remoción de jueces y funcionarios judiciales, asegurando la gobernabilidad del gobernador. En la reciente modificación de la estructura judicial de la provincia de Santa Fe, se consolidó un marco que refuerza la influencia del poder político en la designación, remoción y control de los principales actores judiciales. La actualización constitucional permite al gobernador seleccionar directamente al fiscal general y defensor general, eliminando el sistema de concursos previo y estableciendo que la elección se realice mediante una lista evaluada por un consejo asesor, aunque manteniendo cierta discrecionalidad. Asimismo, la remoción de jueces y otros funcionarios será gestionada en un órgano de juicio integrado mayoritariamente por representantes políticos, como senadores, diputados y ministros de la Corte Suprema, consolidando el dominio del estamento político en decisiones clave. Este modelo, que incluye un jurado de enjuiciamiento con participación política, genera preocupación entre organizaciones anticorrupción, por la posibilidad de que prevalezca el interés partidario sobre la independencia judicial. Otra dimensión relevante es la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema a siete, con paraguas para evitar modificaciones futuras por parte de gobernadores y asegurar un equilibrio territorial y de género. También, se estableció que la Fiscalía y la Defensa Pública gozan de autonomía financiera y administrativa, desvinculándose del control judicial, en un cambio que genera expectativas sobre la mayor independencia del Ministerio Público. Los cambios buscan garantizar la gobernabilidad provincial, aunque introducen mecanismos que podrían favorecer el control político sobre el sistema judicial, reduciendo la influencia de procesos meritocráticos y fortaleciendo la discrecionalidad de las autoridades de turno. Este proceso refleja una estrategia de consolidación del pod
Miércoles, 13 de mayo de 2026
