La aprobación de la nueva estructura tributaria contempla más de 26 impuestos que afectarán a diversos sectores económicos y a la ciudadanía en general.
Recientemente, el Congreso de México aprobó, en sus aspectos general y particular, una reforma fiscal que entrará en vigor en 2026, la cual implica la creación y aumento de más de 26 impuestos que aportarán un total de más de 760 mil millones de pesos a las finanzas públicas. Entre los cambios más destacados se encuentra la modificación en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas azucaradas, incluyendo refrescos con versiones light y cero azúcar, cuyo gravamen casi se duplica, pasando de 1.64 a 3.08 pesos por litro.
Este incremento fiscal ha sido recibido con críticas por sectores opositores y analistas, quienes consideran que se trata de una medida recaudatoria encargada de sostener gastos gubernamentales excesivos. La oposición ha aseverado que, en lugar de reducir gastos y eliminar privilegios y corrupción, el gobierno opta por incrementar la carga tributaria sobre las familias, pequeños empresarios y transportistas. Se estima que, a partir de la fecha señalada, los consumidores enfrentarán un aumento en el costo de bienes y servicios ofrecidos por el sector público, impactando el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Dentro del espectro político, Movimiento Ciudadano en Chihuahua ha manifestado su rechazo a los incrementos y nuevas cargas fiscales tanto a nivel federal como estatal, abogando por una estrategia que fomente la reducción de impuestos para impulsar el consumo, la generación de empleo y el crecimiento económico. La coyuntura refleja un debate persistente sobre el modelo fiscal y las políticas que favorecen la estabilidad económica del país, en un contexto donde la recaudación se vuelve un tema central para las prioridades gubernamentales.