Nuevas medidas en el Código Fiscal de la Federación buscan fortalecer la capacidad del Estado para asegurar el pago de créditos fiscales, generando diversas opiniones.
La propuesta de reforma fiscal para 2026 presentada ante el Congreso de México introduce cambios sustanciales en la forma en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá garantizar el pago de créditos fiscales en proceso de revisión. Entre las modificaciones destaca la eliminación de la exención para garantizar estos créditos durante los recursos de revocación, obligando a los contribuyentes a asegurar sus obligaciones desde un inicio.
Uno de los cambios más relevantes es la incorporación del billete de depósito como una de las principales formas de garantia, permitiendo a los contribuyentes depositar un importe en el Banco del Bienestar que se considerará pago anticipado, sin intereses ni costos asociados. Además, se establece un orden de prelación en las garantías, privilegiando este instrumento por encima de otras formas tradicionales como carta de crédito o hipotecas.
Este endurecimiento en las garantías tiene como propósito incrementar la recaudación tributaria mediante una mayor presión para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, incluso en casos de controversia. Sin embargo, estas medidas también generan preocupaciones sobre el incremento en la carga financiera de los contribuyentes, especialmente en escenarios donde las auditorías fiscales se vuelvan más agresivas y los créditos impugnados sean elevados.
El contexto internacional señala que empresas mexicanas y extranjeras han manifestado su inquietud por prácticas arbitrarias y excesivas en auditorías fiscales, afectando la confianza en el entorno de inversiones. La tendencia de fortalecer la capacidad del Estado para asegurar sus créditos, si se combina con un clima de mayor presión administrativa, podría impactar negativamente en la inversión y la recuperación económica del país, prevista para 2026.
Este escenario refleja un momento de tensión entre aumentar la recaudación y garantizar los derechos de los contribuyentes, un debate que continuará en el ámbito legislativo y empresarial en los próximos meses.