Expertos advierten que la disminución de comisiones podría afectar la inclusión financiera y no traducirse en beneficios económicos para los usuarios en México.
Los recientes planteamientos para reducir las tasas de intercambio en transacciones con tarjetas de crédito y débito en México buscan disminuir las tarifas de 1.91% a 0.6% y de 1.15% a 0.3%, respectivamente. Sin embargo, analistas y expertos del sector financiero destacan que esta medida podría marcar un cambio significativo en la dinámica del mercado, sin necesariamente traducirse en menores costos para los clientes.
Según especialistas en regulación y comercio, una reducción drástica en estas tarifas puede desencadenar un efecto negativo al limitar la rentabilidad de instituciones financieras y empresas intermediarias, lo que podría derivar en el cierre de algunos canales de pago o en ajustes en la oferta de productos financieros dirigidos a sectores no bancarizados. La experiencia en países como Reino Unido, Australia y Estados Unidos muestra que las reducciones en las tasas de intercambio favorecen principalmente a los grandes comercios, sin ofrecer ventajas claras a los consumidores.
Para el sector, disminuir estas comisiones sin un análisis basado en evidencia puede crear distorsiones en la competencia y aumentar los costos indirectos en toda la cadena de pagos. Empresas como Clip, líder en soluciones de pago en México, señalan la importancia de establecer revisiones periódicas y diferenciar claramente entre la tasa que paga el comercio y los cargos que recibe el adquirente para evitar interpretaciones erróneas y mantener incentivos adecuados.
Por su parte, la Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP) enfatiza que una política tarifaria inapropiada puede reducir la capacidad de competencia de los participantes en el mercado, generando cargas adicionales que probablemente terminarán siendo trasladadas al consumidor final. Este escenario, advierten, podría limitar la inclusión financiera y la expansión del acceso a créditos para segmentos vulnerables.
El debate se centra en que, aunque reducir las tarifas pueda parecer una medida para beneficiar a los usuarios, en la práctica, su impacto puede ser limitado o incluso contraproducente si no se acompaña de políticas que aseguren un mercado equilibrado y sustentable.