La propuesta contempla disminuir la jornada a 37 horas semanales y establecer dos días de descanso, mientras el gobierno avanza lentamente en la reforma. En México, la discusión sobre reducir la jornada laboral formal y ampliar los días de descanso se ha intensificado, con propuestas que buscan acercar las horas de trabajo al promedio de los países miembros de la OCDE, que actualmente es de 37 horas semanales. La iniciativa, respaldada por sectores políticos como Movimiento Ciudadano, plantea disminuir gradual y sistemáticamente las 48 horas vigentes, proyectando una implementación total para el año 2030. Esta estrategia responde a la necesidad de modernizar la legislación laboral, mejorar las condiciones de los trabajadores y reducir los largos desplazamientos que enfrentan muchas personas para llegar a sus centros de trabajo. El proceso de cambio ha sido lento, a pesar de tener varias iniciativas presentadas y vigentes, y refleja la voluntad política del régimen en un contexto donde decisiones de mayor impacto, como reformas judiciales y leyes de agua, han sido aprobadas con rapidez. Aunque los cambios en los derechos laborales requieren de voluntad política firme, el sector que impulsa estas reformas sostiene que la aprobación puede acelerarse si existe compromiso genuino. Históricamente, México ha mostrado una tendencia a postergar reformas laborales profundas, a diferencia de naciones que adoptaron cambios en sus modelos desde hace décadas para adaptarse a nuevas demandas sociales y económicas. La movilización de sectores políticos y sociales a favor de la reducción de horas refleja una percepción creciente de que una jornada laboral más justa impactaría positivamente en la productividad y en la calidad de vida del trabajador mexicano, en un contexto mundial donde la innovación en derechos laborales sigue avanzando. Este escenario plantea un reto importante para el Congreso, ya que la voluntad política será clave para transformar estos planteamientos en realida
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