La Fiscalía revela en un expediente que el asesinato de un contralmirante podría estar relacionado con denuncias sobre corrupción y tráfico de combustible en la Secretaría de Marina. Una investigación de la Fiscalía General de la República ha puesto al descubierto una red de corrupción dentro de la Secretaría de Marina (Semar), presuntamente encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, familiares políticos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. La denuncia revela que estos oficiales estarían implicados en actividades ilícitas relacionadas con el robo y tráfico de combustible, conocido como huachicol fiscal. La indagatoria incluye una carta enviada en junio de 2024 por Fernando Rubén Guerrero Alcántar, entonces contralmirante de la Marina, dirigida a Rafael Ojeda Durán, en la que señala a sus sobrinos por su participación en una trama corrupta. Esta comunicación se produjo en etapas finales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente, durante el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, Guerrero Alcántar fue convocado para comparecer ante autoridades navales. Casi un mes después de dicha reunión, Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, Colima, en circunstancias que generan sospechas. La Fiscalía sugiere que su homicidio pudo tener relación con las denuncias que realizó sobre la actividad criminal de los oficiales, especialmente considerando que días antes hubo autorización para que se alejara de sus funciones y se conocía su paradero exacto, detalles reservados únicamente a personas en la Marina. Este caso evidencia posibles encubrimientos institucionales relacionados con la estructura delictiva, en la que también están involucrados empresarios y otros actores en el tráfico de gasolina contrabandeada. La operación, que incluía sobornos y redes clandestinas en el puerto de Tampico, Tamaulipas, fue desmantelada tras la detención de varias personas, entre ellas varios marinos, que conforma
Miércoles, 13 de mayo de 2026
