La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el INE no tiene autoridad para ordenar recuentos integrales en procesos del Poder Judicial, reafirmando la autonomía de las normas específicas del sector.
Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que, legalmente, no existe una disposición que permita o obligue al Instituto Nacional Electoral (INE) a realizar recuentos totales de votos en elecciones relacionadas con cargos del Poder Judicial. La decisión surge tras diversas impugnaciones presentadas por candidaturas a magistraturas y a la Suprema Corte, que solicitaron recuentos completos debido a dudas sobre la legitimidad del conteo en ciertos procesos electorales para estas posiciones.
El tribunal estableció que la normativa electoral vigente no contempla expresamente la facultad del INE para realizar estos recuentos en elecciones del Poder Judicial, y que las reglas propias de estos procesos tienen un carácter especial que no puede quedar sujeta a disposiciones generales de otras elecciones. Asimismo, resaltó que las reformas constitucionales en este ámbito reforzaron la normativa específica y prohibieron interpretaciones extensivas o análogas que pudieran ampliar los poderes del órgano electoral en estos casos.
A diferencia de los procesos donde sí existe el mecanismo de recuento, como en elecciones de partidos políticos o candidatos independientes, las elecciones judiciales requieren respetar las leyes particulares que las regulan. Aunque mecanismos de revisión y control son fundamentales para fortalecer la confianza en los procesos, en la actualidad, las bases legales no permiten que el INE realice recuentos integrales en estos procedimientos específicos.
Este fallo refuerza la idea de que cada tipo de elección cuenta con su propia estructura normativa, garantizando que las autoridades actúen dentro del marco legal y respetando la autonomía de los órganos jurisdiccionales en su proceso electoral. La decisión también pone de manifiesto la importancia de contar con normas claras y específicas que regulen cada etapa del proceso, particularmente en ámbitos de alta responsabilidad como las designaciones judiciales.