La reducción en la inversión federal para el sector hídrico pone en riesgo proyectos prioritarios y el acceso al agua en varias regiones del país.
En 2026, el monto destinado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será de aproximadamente 36,700 millones de pesos, lo que representa una disminución significativa en comparación con años anteriores. Esta inversión equivale a menos del 0.1% del Producto Interno Bruto, situándose un 4.5% por debajo de la cifra aprobada el año pasado y un 46% menor en relación con 2024. Especialistas en el tema consideran que estos recursos son insuficientes considerando las necesidades del sector hídrico, que en su óptimo escenario requiere entre el 1.5% y 2% del PIB para atender las demandas actuales y futuras.
El desglose del presupuesto muestra que cerca del 70% se destina a obras de infraestructura, incluyendo proyectos de inversión física para mejorar redes de distribución, plantas potabilizadoras y sistemas de tratamiento de agua. Sin embargo, aún persisten numerosos rezagos, como la falta de acceso diario a agua para una tercera parte de la población mexicana y la detención de casi 2,000 plantas de tratamiento por falta de fondos. Estos obstáculos evidencian la urgencia de incrementar el gasto a niveles acordes con las necesidades del país.
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030 establece la realización de 17 proyectos estratégicos cuya inversión total previa en el sexenio es de 122,600 millones de pesos. Con apenas un 22.5% del presupuesto comprometido en los primeros dos años, existe riesgo de retraso en la ejecución y en el cumplimiento de metas cruciales en materia de infraestructura hídrica, lo que podría prolongar los rezagos en el acceso y gestión del agua. Además, la dependencia de financiamiento estatal y federal fragmentado puede limitar la ampliación y mantenimiento de obras esenciales, afectando tanto a usuarios urbanos como rurales.
No obstante, el gobierno ha propuesto una colaboración público-privada y ha destinado recursos adicionales para algunos proyectos clave, como el acueducto Solís–León, que será financiado en partes iguales por organismos estatales y federales. La insuficiencia en la asignación de recursos federales para fortalecer a los municipios y estados pone en duda el logro de un acceso equitativo y sostenido al recurso hídrico para toda la población.
La situación actual evidencia que, sin una inversión adecuada y sostenida en infraestructura y gestión del agua, muchas regiones continuarán enfrentando desafíos significativos en el abasto, mantenimiento y operación de sistemas hídricos, poniendo en riesgo el cumplimiento de derechos básicos y el desarrollo sustentable.