La encargada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enfrenta cuestionamientos por no reportar un inmueble vendido recientemente, en medio de su labor por promover la transparencia pública. Raquel Buenrostro, autoridad central en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, está en medio de una controversia tras revelaciones que indican que omitió incluir en su declaración patrimonial la venta de un departamento que realizó el año pasado. La propiedad, de 149 metros cuadrados y con un valor de adquisición cercano a los 9.4 millones de pesos, no fue reportada en declaraciones previas, aunque en una actualización del 2025 sí se reflejan ingresos por 8.6 millones de pesos por la enajenación de inmuebles. Este hecho ha generado críticas sobre la conducta ejemplar que se espera de quienes lideran acciones contra la corrupción, evidenciando una posible discrepancia entre sus declaraciones y su gestión pública. La trayectoria de Buenrostro la ha consolidado como una figura influyente en el gabinete de la administración federal, habiendo ocupado cargos clave en Hacienda, el SAT y ahora en la Secretaría de Economía. Desde su llegada a la nueva dependencia, ha impulsado medidas para fortalecer los controles internos y la vigilancia patrimonial, reafirmando su compromiso con la transparencia. Sin embargo, la omisión en su declaración patrimonial pone en duda la coherencia entre sus acciones y el correcto ejercicio de sus responsabilidades, en un contexto donde la lucha contra la corrupción requiere total claridad y ética en los funcionarios públicos. Este episodio en la vida pública de Buenrostro destaca la importancia de que los funcionarios se sometan a los mismos estándares de transparencia que promueven en su gestión, pues cualquier discrepancia puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones y en las políticas anticorrupción que lideran.
