La manifestación busca sensibilizar sobre el impacto de una normativa que limita el uso de pozos y pone en riesgo la actividad agrícola en la región.
En Bacalar, campesinos y ganaderos llevaron a cabo una manifestación pacífica en el kilómetro 4 del entronque entre Cafetal y Mahahual, en Quintana Roo, para expresar su rechazo a la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Durante la protesta, entregaron pitahaya y coco a los automovilistas como una forma de concienciar sobre las consecuencias de la nueva regulación, que restringe el uso de pozos y sistemas de riego en el sector agrícola. La movilización, que no bloqueó la circulación vial, buscó informar sobre los posibles efectos negativos de la normativa en la producción rural.
Expertos y representantes del sector agrícola han señalado que la reforma avanza sin considerar adecuadamente las observaciones de los productores, pese a los acuerdos previos con instancias federales como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua. La normativa incrementa sanciones y requisitos para quienes operan pozos y sistemas de riego, afectando a quienes tienen más de diez años de actividad. Además, carece de mecanismos efectivos para regularizar concesiones existentes o brindar apoyos económicos para adaptarse a las nuevas reglas.
Los manifestantes advierten que la regulación puede tener un efecto retroactivo, poniendo en riesgo infraestructura agrícola instalada en años anteriores. Consideran que la reforma no aporta beneficios claros y, en cambio, impone cargas desproporcionadas que podrían perjudicar a pequeños productores y al abastecimiento de alimentos. La protesta en Bacalar refleja una disconformidad que se extiende en distintos estados del país, y los productores amenazan con continuar movilizándose si no se revisan los cambios normativos.
En este contexto, la comunidad agrícola insiste en la necesidad de una estrategia federal que priorice el ordenamiento del recurso hídrico sin perjudicar la economía rural ni la seguridad alimentaria del país. La situación requiere atención para evitar que las medidas regulatorias, sin un enfoque integral, comprometan el desarrollo sustentable del sector.