Nuevo proyecto busca sancionar con hasta 65 años de cárcel los homicidios de autoridades municipales, además de fortalecer medidas de protección y armas en domicilios.
En Michoacán, se presenta una iniciativa de ley que busca incrementar las penas para quienes cometan homicidio contra alcaldes y otras autoridades municipales, con sanciones que alcanzan hasta los 65 años de prisión. La propuesta también contempla que la fiscalía estatal informe mensualmente sobre el avance en las investigaciones de estos delitos para evitar que los casos queden en la impunidad.
Además, se plantea fortalecer la seguridad federal para alcaldes en situación de riesgo ante amenazas de grupos criminales. Un aspecto polémico de la iniciativa es la autorización simplificada y flexible que otorgaría a los domicilios la posibilidad de poseer armas en defensa propia, bajo permisos expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Este proyecto de ley es un homenaje al alcalde Raúl Manzo, asesinado por un adolescente durante un evento público en Uruapan, en el Día de Muertos. El agresor fue abatido tras ser detenido, marcando un caso emblemático que ha generado debate sobre la seguridad de las autoridades en zonas con alta incidencia delictiva.
La propuesta también busca sancionar con 10 a 20 años de cárcel a familiares que encubran delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro, violación y delitos vinculados a la delincuencia organizada, sin importar la edad del responsable. Desde el asesinato de Manzo, líder del Movimiento del Sombrero, la iniciativa ha cobrado relevancia nacional, particularmente con la presencia de su viuda, Grecia Quiroz, quien heredó la alcaldía de Uruapan.
No obstante, la propuesta ha sido criticada por sectores que consideran que algunas medidas podrían vulnerar derechos humanos, planteando un enfrentamiento frontal que requiere una discusión profunda sobre los límites y la protección de las garantías individuales en el combate a la delincuencia.
El avance de este proyecto refleja la urgencia de reforzar la seguridad pública en estados con alta violencia política y criminal, poniendo en la discusión temas cruciales para la estabilidad y protección de las autoridades municipales.