La criminalización sin regulación efectiva aumenta el control del mercado ilegal y riesgos sanitarios en el país.
En México, recientes cambios legislativos que criminalizan la venta y posesión de vapeadores sin establecer un marco regulatorio adecuado han favorecido la expansión del mercado negro. La imposición de prohibiciones estrictas, en lugar de controles, ha abierto las puertas a organizaciones criminales que ahora controlan la distribución ilegal de estos productos, muchos de los cuales contienen metales pesados, fentanilo adulterado y sustancias altamente adictivas. Esta situación no solo alimenta un negocio ilícito multimillonario, sino que también pone en riesgo la salud pública al facilitar el acceso a productos peligrosos sin supervisión sanitaria.
Este fenómeno refleja una tendencia global: la prohibición sin regulación crea un vacío que potencializa la actividad criminal y aumenta la violencia asociada. La experiencia internacional, particularmente en Chile, demuestra que una regulación inteligente, con controles estrictos y un enfoque en la reducción del daño, resulta más efectiva para proteger a la población y reducir la demanda en mercados ilegales. La prohibición mexicana, en cambio, perpetúa un ciclo de criminalidad, recaudación ilícita y riesgo sanitario, evidenciando la urgencia de implementar políticas basadas en evidencia y en el control racional de estas sustancias.
La historia de la lucha contra las drogas en Estados Unidos, que aprendió de los fracasos de la Prohibición, ofrece enseñanzas valiosas. La criminalización no elimina el consumo, sino que lo desplaza a las sombras, fortaleciendo a los cárteles y generando violencia. La regulación, en cambio, permite un control más efectivo, recauda fondos para salud pública y reduce los daños asociados. La omisión de estos enfoques en México revela una ignorancia legislativa que favorece el crecimiento del crimen organizado y pone en peligro la salud de la población.
Este escenario advierte sobre la necesidad de cambiar el paradigma. En lugar de prohibir sin regulación, México debe adoptar modelos que combinen control, supervisión y educación. La experiencia internacional demuestra que estos enfoques generan menos daño social y promueven un entorno más seguro y saludable para todos.