En 2026, México alcanzará un nivel récord en inversión dedicado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, con un monto superior a los 599 mil millones de pesos, equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la simple asignación de recursos no asegura la incorporación efectiva de la perspectiva de género ni la reducción significativa de las desigualdades estructurales. Un análisis profundo revela que más de la mitad de ese gasto se concentra en transferencias directas, como las pensiones para adultos mayores, beneficios que aunque contribuyen a reducir la pobreza, no actúan directamente en la igualdad de género. Además, muchos programas no cuentan con objetivos claros, indicadores desagregados por sexo o mecanismos de evaluación que permitan medir su impacto real en la reducción de las brechas entre mujeres y hombres.
Es importante entender que la distribución de presupuestos no siempre implica un cambio en las condiciones de desigualdad. Los fondos destinados a programas universales de transferencia, si bien son cruciales para disminuir la pobreza, no alteran las estructuras que perpetúan las diferencias de género. Por otro lado, los programas que buscan fortalecer capacidades, prevenir la violencia o promover la autonomía económica, que tienen mayor potencial de generar transformaciones profundas, suelen recibir menor financiamiento. Esta situación limita la efectividad del gasto en lograr avances concretos en igualdad y justicia social.
Para avanzar, México requiere implementar una política fiscal feminista que integre la igualdad en todo el ciclo presupuestario, desde la planificación hasta la evaluación de resultados. Esta estrategia debe valorar el trabajo de cuidados, fortalecer los mecanismos institucionales y establecer metas verificables. Solo así, los recursos públicos podrán contribuir verdaderamente a cerrar las brechas de género y transformar las condiciones de desigualdad en el país.
La medición de un compromiso efectivo va más allá de los montos destinados; implica transformar estructuras, redistribuir el poder y garantizar que cada peso invertido genere cambios sustantivos en la vida de mujeres y hombres mexican@s.
La investigación completa puede consultarse en la fuente oficial correspondiente.