In-N-Out, una marca emblemática en Estados Unidos, fue fundada en 1948 en California. La cadena de restaurantes de hamburguesas cuenta actualmente con más de 400 sucursales, siendo la mayoría de ellas ubicadas en ese mismo estado. Sin embargo, a principios de este año, la empresa anunció la apertura de una “segunda sede corporativa”, que estará en el estado de Tennessee. Para ello, la hija del fundador, quien es la dueña de In-N-Out, planea trasladarse con su familia a Nashville.
En Estados Unidos, es bastante habitual que las empresas grandes y medianas modifiquen la ubicación de sus oficinas principales. Entre 2022 y 2023, casi un 9 por ciento de las empresas públicas del país mudaron su sede, lo que representa un incremento del 30 por ciento respecto al año anterior y el porcentaje más alto desde 2017. De estas, una cuarta parte optó por cambiar de estado.
Las decisiones de reubicación en Estados Unidos se toman principalmente por motivos comerciales. Gran parte de estas decisiones están relacionadas con aspectos fiscales, ya que la carga impositiva varía de un estado a otro, lo que puede traducirse en ahorros importantes para las empresas. Además, muchas argumentan que se mudan a lugares con un entorno más favorable para hacer negocios, o como parte de una estrategia para atraer talento o abordar mercados específicos.
En los últimos años, Tesla se trasladó de Palo Alto a Austin. Oracle también se mudó a esa misma ciudad, mientras que Hewlett Packard y Charles Schwab optaron por Houston y Dallas, respectivamente. Todos estos movimientos ocurrieron desde California, un estado que ha perdido muchas empresas de gran tamaño, en contraste con Texas y Florida, que están ganando terreno en este ámbito.
Este tipo de fenómenos, sin embargo, es prácticamente inexistente en México. En nuestro país, el marco fiscal es predominantemente federal, por lo que todas las empresas están sujetas a las mismas tasas impositivas a nivel nacional, sin importar en qué estado operen. Aunque existen diferencias en los impuestos a nivel estatal o municipal, estas varían en gran medida. Por ejemplo, el impuesto sobre nómina puede oscilar entre 4 y 4.5 por ciento en lugares como Baja California, Quintana Roo y Ciudad de México, y ser menor a 3 por ciento en Puebla, Colima o Morelos.
Por otro lado, algunos gobiernos ofrecen incentivos, como exenciones o subsidios, para que las empresas se reubiquen a ciertas regiones. Sin embargo, estas prácticas no son muy frecuentes. Un par de ejemplos históricos son Soriana y Chedraui: la primera nació en Torreón, pero actualmente tiene su sede en Monterrey, y la segunda, originaria de Veracruz, ahora tiene su sede en Ciudad de México.
Existen también casos como Banorte, que aunque legalmente tiene su sede en Monterrey, gran parte de su estructura directiva se gestiona desde Ciudad de México, donde también despacha su director general. En el caso de Coppel, aunque su sede oficial está en Culiacán, su crecimiento corporativo se concentra en la capital del país, ya que les resulta más sencillo reclutar personas con la experiencia necesaria para su estrategia en esa ciudad.
¿Cómo sería nuestro país si los estados compitieran entre sí por atraer empresas? Aunque hay cierta competencia para captar inversiones de multinacionales, principalmente en la apertura de nuevas plantas, no existe una estrategia similar para convencer a las empresas mexicanas de que cambien de sede. ¿Sería viable que un estado se propusiera, por ejemplo, lograr que un número determinado de empresas de la lista de Las 500 de Expansión se muden a su territorio? ¿Qué acciones debería tomar para lograrlo?
Este fenómeno refleja las diferencias en las dinámicas empresariales y fiscales entre México y Estados Unidos. Mientras en el país norteamericano las reubicaciones se hacen en función de ventajas fiscales, condiciones de mercado y estrategias de talento, en México, la estructura fiscal federal, junto con la escasa competencia entre estados para atraer sedes principales, limita este tipo de movimientos. La existencia de incentivos poco frecuentes y las dificultades en cambiar la percepción del entorno de negocios explican en parte por qué las empresas mexicanas tienden a mantener sus sedes en las mismas ciudades, pese a las ventajas potenciales de una reubicación.
La realidad es que, sin un marco que fomente la competencia entre regiones, las empresas mexicanas permanecen en sus sedes tradicionales. La posibilidad de que los estados se conviertan en verdaderos contendientes para atraer sedes corporativas requiere cambios en políticas públicas, incentivos específicos y una cultura de competencia que aún no se ha desarrollado en el país.