Las estrategias tradicionales en seguridad pública requieren adaptarse a las crecientes y diversificadas amenazas del crimen moderno, más allá del uso de la fuerza. Las políticas de seguridad pública deben evolucionar para responder a las transformaciones en la delincuencia que enfrenta el Estado mexicano en la actualidad. Aunque las estrategias tradicionales se centran en la disuasión mediante un aumento en el estado de fuerza, las nuevas modalidades delictivas, como la ciberdelincuencia, extorsión y secuestros, superan esas tácticas convencionales. La función de garantizar la vida, las libertades y la integridad de las personas requiere un enfoque integral que combine acciones preventivas, tecnológicas y de inteligencia, más allá del simple despliegue militar o policial. La creación de instituciones como la Guardia Nacional refleja un reconocimiento de la necesidad de actualizar el marco legal y estructural, pero aún persisten desafíos derivados de causas estructurales y la falta de control efectivo, que no se resuelven con cambios de gobierno ni con mayor presencia policial. La seguridad del siglo XXI demanda una redefinición de políticas basada en análisis profundo, innovación y coordinación interinstitucional para abordar las nuevas amenazas.
