La concentración en ayudas monetarias ha limitado respuestas integrales a la complejidad social, afectando derechos y oportunidades.
La realidad social en México presenta una creciente complejidad marcada por problemas de pobreza, desigualdad, discriminación y violencia, que requieren respuestas multidimensionales por parte del Estado. Sin embargo, durante las últimas décadas, la política social ha dejado de lado un enfoque integral para centrarse en transferencias monetarias directas, eliminando condicionamientos y atendiendo a las personas de manera individualizada. Este cambio, acentuado en el contexto de las administraciones actuales, ha reducido las estrategias dirigidas a sectores específicos y a la protección de derechos sociales fundamentales.
Desde los años ochenta, la visión del Estado mexicano cambió radicalmente, abandonando el objetivo de ofrecer servicios públicos universales en salud, educación, vivienda y empleo digno, para favorecer políticas de deterioro en las condiciones laborales y menor inversión en infraestructura social. Anteriormente, se reconocía la diversidad y complejidad de las necesidades sociales, promoviendo programas para mujeres, niños, jóvenes y poblaciones vulnerables, además de incorporar la participación ciudadana en la detección de problemas.
Actualmente, la política social se caracteriza por una visión reducida y clientelista, basada en ayudas inmediatas que no garantizan soluciones a largo plazo. Mientras más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad y la violencia afecta a cientos de miles, el Estado ha limitado sus respuestas a un modelo simplista. La falta de inversión en derechos universales y la exclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones socavan el bienestar en el país, evidenciando la necesidad de volver a políticas integrales que aborden la raíz de los problemas sociales.