La autoridad no tiene cifras precisas sobre agentes en situación de desaparición, pese a numerosos casos documentados en varios estados.
La desaparición de policías que cumplen con su labor representa una problemática silenciosa en México, con múltiples casos que aún carecen de reconocimiento oficial. Aunque colectivos y organizaciones civiles han identificado al menos 326 casos de servidores públicos estatales y municipales ausentes desde 2019, las cifras oficiales del gobierno siguen siendo insuficientes y no reflejan la magnitud real de la situación. Los estados con mayor incidencia se concentran en regiones como Coahuila, Guanajuato, Guerrero y Jalisco, donde la violencia de grupos criminales, la corrupción y la ausencia de protocolos de búsqueda dificultan la localización y protección de estos agentes. La falta de una base de datos unificada y transparente impide el seguimiento adecuado de estos casos, dejando a las familias en un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad. La inexistencia de registros claros en instancias federales, como la Fiscalía General de la República, evidencia una falla institucional que profundiza la impunidad, generando un vacío en la protección de quienes cumplen con su deber en las calles. La situación no solo afecta a los familiares, muchos de los cuales enfrentan revictimización y obstáculos burocráticos en sus esfuerzos de búsqueda, sino que también revela la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección y registro para estos profesionales.