El gobierno federal intentó deslegitimar la protesta juvenil, que terminó con incidentes violentos y movilizó a miles en un acto pacífico.
La reciente movilización de la Generación Z en la Ciudad de México evidenció las tensiones existentes entre los movimientos sociales y el gobierno federal. Desde semanas previas, las autoridades intensificaron una estrategia de desacreditación, señalando que elementos de derecha, empresas y movimientos internacionales estaban detrás de la convocatoria. Esta campaña mediática afectó la participación de parte de los jóvenes, quienes pensaron que su presencia sería interpretada como un acto partidista. Sin embargo, la protesta congregó a miles de personas que marcharon de manera pacífica desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en reclamo por justicia y seguridad. Dos elementos provocadores, un supuesto bloque negro y agresiones policiales, generaron violencia que fue aprovechada por el oficialismo para difundir la imagen de una movilización violenta, minimizando la dimensión del apoyo juvenil. La manifestación también sirvió para visibilizar demandas de justicia en casos específicos, como el asesinato de Carlos Manzo, así como la preocupación por la inseguridad en el país. La situación revela el temor del gobierno de perder el control ante el creciente descontento juvenil y el impacto en su aprobación, además de demostrar cómo las instituciones están dispuestas a usar todos los recursos para mantener el poder.