CIUDAD DE MÉXICO. – El Órgano de Administración Judicial (OAJ) implementó en septiembre pasado una significativa reducción en los salarios y prestaciones de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Estos ajustes, que afectan también a organismos de nueva creación como el Tribunal de Disciplina Judicial, surgieron como parte de una reforma judicial más amplia vigente desde septiembre de 2024, la cual incluyó la elección de juzgadores en urnas y un tope salarial ligado a la percepción del titular del Ejecutivo.
Las modificaciones, que se aplicaron a los tabuladores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el periodo de septiembre a diciembre, implicaron una disminución de entre 20% y casi 40% en las percepciones ordinarias quincenales. Además, se eliminaron beneficios como el seguro colectivo de retiro, el seguro de separación individualizada y la prima vacacional.
La ministra Loretta Ortiz, de la SCJN, cuestionó públicamente la medida, declarando que la rebaja salarial sería tan drástica que su ingreso sería apenas superior al de su secretaria particular, a pesar de las mayores responsabilidades inherentes a su cargo. Sin embargo, la aplicación de estos recortes a magistrados y jueces se vio inicialmente frenada por la interposición de más de 500 amparos contra la reforma, buscando proteger sus percepciones y prestaciones.
A pesar de las suspensiones de amparo concedidas, en noviembre pasado el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, instruyó a los titulares de los juzgados a revocar dichas medidas. El sustento para esta orden provino de una sentencia de la SCJN emitida en noviembre de 2024, que validó la reforma judicial, y de un criterio aprobado en febrero pasado que limita la competencia de los jueces en materia electoral. Si bien las sentencias previas instruían revisar si los amparos involucraban materia electoral para determinar la procedencia de medidas cautelares, la orden del ministro presidente fue revocar automáticamente todas las suspensiones, incluso aquellas no relacionadas con asuntos electorales, en lo que respecta a sueldos y prestaciones de los juzgadores.