La disminución de plazas y las altas cargas de trabajo en el SAT han provocado protestas y preocupaciones sobre el bienestar de los empleados, en un contexto de mayor recaudación fiscal.
En un período de dos años, la cantidad de plazas laborales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha experimentado una caída significativa, alcanzando una reducción de más de 7,500 puestos desde 2020. Esta disminución responde a recortes de personal y a la renuncia voluntaria de empleados, quienes enfrentan una carga laboral cada vez mayor. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la plantilla ha menguado progresivamente, afectando la dinámica laboral y el clima interno en la institución.
La sobrecarga de tareas ha provocado malestar entre los trabajadores, quienes reportan jornadas intensas que llegan hasta las 10 de la noche, en algunos casos sin compensación adicional. La situación se ha agravado en un contexto en el que la recaudación tributaria ha alcanzado niveles récord, impulsada por esfuerzos para combatir la evasión fiscal y el contrabando, así como por la recuperación económica tras la caída del precio del petróleo. Sin embargo, los empleados alertan que el incremento en las metas de recaudación ha incrementado las presiones laborales y el desgaste del personal.
El pasado 14 de octubre, un grupo de trabajadores del SAT llevó a cabo un paro de brazos caídos a nivel nacional, exigiendo, entre otras demandas, la revisión de condiciones laborales, un retroactivo salarial por inflación y mejores condiciones de trabajo. Además, denunciaron la falta de un reconocimiento económico por la alta carga laboral, en tanto que las autoridades aseguran que mantienen mesas de diálogo para atender las inquietudes.
Pese a los esfuerzos por mejorar la situación, las cifras oficiales reflejan que las plazas con menor ingreso perciben alrededor de 24,400 pesos mensuales, mientras que las que aumentaron en número alcanzan en promedio más de 102,000 pesos. La problemática plantea dudas sobre la sostenibilidad del esquema laboral en el organismo, en medio de la necesidad de mantener una recaudación fiscal eficiente y un clima laboral saludable.
En un contexto de cambios económicos y una mayor demanda de recaudación, la definición de políticas que aseguren tanto el cumplimiento fiscal como el bienestar de los trabajadores resulta clave para fortalecer la gestión pública y la confianza ciudadana.