La propuesta fiscal enfrenta dudas por su bajo atractivo y antecedentes de persecución, lo que podría limitar su eficacia para atraer recursos al país.
El plan de repatriación de capitales presentado en el Paquete Económico 2026 ha generado escepticismo en el sector empresarial, que percibe bajas probabilidades de lograr una recuperación significativa de recursos. La iniciativa ofrece un incentivo fiscal del 15% en impuesto sobre la renta (ISR), condicionado a que los fondos retornados se inviertan en actividades productivas dentro de México durante al menos tres años. Sin embargo, la indiferencia de los inversionistas se atribuye a un historial de desconfianza y persecución fiscal durante el gobierno previo, que afecta la percepción sobre la seguridad del proceso.
El programa, dirigido a personas y empresas con recursos en el extranjero hasta septiembre de 2025, anticipa una recaudación mínima en comparación con las metas oficiales. Estimaciones sugieren que la cantidad potencial ingresaría apenas a una fracción del monto presupuestado, dificultando que tenga un impacto relevante en las finanzas públicas. Además, abogados fiscalistas advierten que el incremento en fiscalización a principios de 2024, sumado a los antecedentes de créditos perdidos en programas anteriores, debilitan aún más la confianza de los posibles contribuyentes.
Este contexto se inserta en un entorno en el que algunas autoridades económicas promueven disciplina fiscal, y otros actores analizan las posibles implicaciones de las reformas en la atracción de inversión. Aunque la propuesta busca incentivar la formalización de capitales provenientes del extranjero, la percepción actual sugiere que la efectividad será limitada ante las condiciones actuales del mercado y la historia fiscal reciente del país.