La gobernadora enfrenta rechazo ciudadano y censura a medios, con controversias que han provocado cierre de periódicos y procesos judiciales.
La administración de Layda Sansores en Campeche ha sido marcada por un aumento en la desaprobación ciudadana y múltiples controversias que afectan la libertad de expresión en la entidad. Según una reciente encuesta, más de la mitad de los habitantes que conocen a la mandataria valoran negativamente su gestión, reflejando una percepción pública cada vez más crítica. En el ámbito político y mediático, la gobernadora ha protagonizado enfrentamientos que incluyen denuncias y procesos legales contra periodistas y medios de comunicación, en medio de acusaciones de censura y coacción.
Históricamente, Campeche ha contado con un panorama mediático diverso, pero en los últimos años, la presión del poder estatal ha resultado en el cierre de varios periódicos tradicionales y en intentos de controlar la información. La judicialización de periodistas críticos, como el caso del exdirector de Tribuna, ha generado inquietud entre la comunidad informativa, que ve en estas acciones un precedente peligroso para la libertad de prensa en la región. Además, recientes viajes y requerimientos oficiales han sumado tensión, alimentando la percepción de un gobierno que busca silenciar las voces disidentes y limitar la presencia de medios independientes. La situación pone en evidencia los desafíos que enfrentan los comunicadores y la importancia de mantener espacios de libertad en contextos de alta contestación política.
El contexto legal en Campeche establece sanciones para quienes inciten al odio o la violencia, pero las acciones judiciales contra periodistas y la censura efectiva representan un riesgo para la democracia local. La desaparición de medios impresos y los esfuerzos por limitar el ejercicio periodístico reflejan una tendencia preocupante que preocupa a expertos en derechos humanos y comunicación. La actual gestión de Sansores se encuentra en un momento crítico, donde la reputación pública se ve afectada por estas controversias que plantean un escenario de tensión entre autoridad y libertad informativa.