El aumento en transferencias sociales ha reducido la pobreza, pero ha deteriorado los servicios públicos y estancado el crecimiento económico.
El bajo crecimiento económico en México durante las últimas décadas, con un Producto Interno Bruto (PIB) promedio anual de 1.5%, ha tenido un impacto directo en la calidad de los servicios públicos, especialmente en salud y educación. Este escenario se ha visto agravado por un aumento en el gasto en pensiones y transferencias, que ha contribuido a reducir la pobreza, pero a costa de limitar recursos destinados a infraestructura y servicios sociales fundamentales.
La principal causa del estancamiento en la productividad en el país se atribuye a la fragmentación del mercado laboral, donde más del 50% de los trabajadores y cerca del 90% de las empresas operan en la informalidad. Esta segmentación genera una ineficiencia económica significativa, ya que la inversión en empresas formales produce mucho más valor agregado en comparación con las informales. Sin reformas que impulsen la productividad, el crecimiento seguirá siendo transitorio y dependiente de shocks externos.
A pesar de los avances en la reducción de la pobreza por medio de programas de transferencias, el acceso a servicios de salud y educación ha empeorado. El gasto público en estos sectores ha disminuido, y la proporción de la población sin acceso a atención médica o educación de calidad se ha incrementado en los últimos años. Esto refleja un retroceso que preocupa a expertos en desarrollo social y economía.
En el período entre 2018 y 2024, las políticas sociales del gobierno impulsaron aumentos en pensiones y en el salario mínimo, logrando reducir niveles de pobreza. Sin embargo, este esfuerzo conlleva un costo: la reducción del gasto en salud y educación, órganos clave para el desarrollo a largo plazo del país. La disminución en el acceso a estos servicios impulsa un ciclo difícil de romper, que requiere reformas estructurales para recuperar la productividad y el bienestar social.