La apertura del mercado de combustibles en 2017 impide fijar precios políticos; el gobierno evita controles, pero busca estabilizar costos con pactos temporales.
Desde 2017, México liberalizó completamente el mercado de combustibles, eliminando los controles de precios que durante años impusieron decisiones gubernamentales. Esto ha significado que los precios de la gasolina dependen ahora de las fluctuaciones internacionales y de la oferta y demanda globales, impidiendo que se establezca un costo fijo o artificialmente bajo en el país. La referencia internacional ha guiado la formación de los precios, con el objetivo de fomentar mayor competencia y abrir el mercado a operadores privados.
El aumento en los precios desde esos años refleja la transmisión de los costos internacionales al consumidor mexicano, con diferencias regionales considerables. Mientras en algunos estados como Nuevo León, el precio se ha estabilizado en torno a los 27 a 29 pesos por litro, en otros como Chiapas, los costos logísticos elevan aún más los precios. Para hacer frente a los impactos de esta volatilidad, en febrero pasado se firmó un acuerdo temporal que establece un tope de 24 pesos por litro en las gasolinas regulares, un esfuerzo coordinado para proteger a los consumidores sin alterar la estructura de mercado.
Pese a estos acuerdos, el mercado sigue abierto y competitivo. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos continúa siendo el mercado ilegal de combustibles, conocido como huachicol, que distorsiona la competencia al ofrecer gasolina sin pagar impuestos y con precios mucho más bajos. Las autoridades y Pemex alertan que solo combatiendo eficazmente el robo de combustible se podrá mantener un mercado justo y reducir los precios, siempre sujetándose a los precios internacionales. La política actual no busca volver a controles de precios, sino garantizar un equilibrio que beneficie tanto a consumidores como a la economía del país.