Ciudad de México. – La política energética de México enfrenta un nuevo y significativo desafío tras el anuncio de Donald Trump sobre la posible reapertura de negocios petroleros en Venezuela. Esta decisión, de concretarse, podría desviar capitales, tecnología y experiencia hacia las vastas reservas venezolanas, dejando a Petróleos Mexicanos (Pemex) en una posición aún más precaria.
Pemex ha registrado movimientos recientes, como la cesión del campo Zama a la empresa Harbour, sin atraer a grandes jugadores del sector. La competencia emergente en Venezuela, con el respaldo de Estados Unidos, y la apertura de Perú a la inversión privada, presentan alternativas más atractivas para las compañías petroleras, ofreciendo marcos de seguridad jurídica y reglas claras que contrastan con la percepción de inestabilidad en México.
La administración de Claudia Sheinbaum no ha logrado revertir el estancamiento en la producción de Pemex, que se mantiene en 1.6 millones de barriles diarios, lejos de la meta de 1.8 millones. Asimismo, la refinación, a pesar de registrar su mejor año desde 2016, operó un 5% por debajo del objetivo y sigue generando pérdidas.
La pesada carga de deuda de Pemex, que supera los 100 mil millones de dólares, sumada a más de 500 mil millones de pesos adeudados a proveedores, agrava la situación. La empresa enfrenta no solo desafíos financieros, sino también geopolíticos y estructurales, perdiendo su relevancia como actor central en la discusión energética latinoamericana.
Mientras el panorama energético internacional se reconfigura con oportunidades en Venezuela y Perú, la ilusión de un rescate de Pemex parece desvanecerse. La pregunta clave es cuánto tiempo podrá el gobierno mexicano mantener la narrativa de Pemex como motor de desarrollo, ante la decisión de los grandes inversionistas de optar por mercados más rentables y estables.