La bancada opositora planea llevar la controversia legal a instancias internacionales ante lo que consideran un ataque al Estado de Derecho en México.
La reciente modificación a la Ley de Amparo en el Congreso de la Unión ha generado una fuerte polarización en el panorama político mexicano. La oposición atribuye la reforma, promovida por el oficialismo, a un intento de limitar las garantías judiciales de los ciudadanos y consolidar un control más estrecho del poder judicial. Dado que consideran que las vías internas para detener esta modificación han sido prácticamente agotadas, sectores del PAN están ahora preparando una estrategia de presión en el ámbito internacional.
Legisladores del partido han anunciado su intención de acudir a foros internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para denunciar lo que califican como un debilitamiento del Estado de Derecho en el país. Esta decisión responde a la percepción de que el gobierno en México está adoptando medidas con tintes autoritarios disfrazados de reformas judiciales.
Analistas indican que, en un contexto donde el oficialismo mantiene control sobre los procesos internos, la presión exterior podría ser la vía más efectiva para generar un cambio. La comunidad internacional, especialmente enWashington y San José, tiene un papel crucial en evidenciar la situación y evitar que la reforma tenga un efecto permanentemente negativo en los derechos de los mexicanos. La estrategia refleja la complejidad del escenario jurídico-político en un momento en que muchos consideran que las instituciones enfrentan desafíos para mantener su independencia.
Este tipo de acciones diplomáticas son vistas como un recurso para equilibrar la balanza de poder y proteger los derechos fundamentales frente a avances legislativos considerados regresivos.