El sindicalismo opositor denuncia omisiones administrativas y exige pagos retroactivos, mientras el nuevo ministro presidente enfrenta desafíos de gestión en la justicia.
Este viernes, el Poder Judicial de México enfrentó un paro laboral que afectó aproximadamente el 5 por ciento de sus inmuebles en varias regiones del país, incluyendo Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. La medida fue impulsada por un grupo sindical que acusa una grave omisión administrativa y demandas pendientes, como pagos retroactivos y la recuperación de más de cinco mil empleos eliminados en los últimos meses. La protesta, que comenzó a las cinco de la mañana, se realizó en medio de polémicas por la falta de insumos esenciales y condiciones laborales adecuadas en gran parte de los juzgados. La jornada culminó alrededor del mediodía con la decisión de levantar oficialmente el paro, tras un acuerdo de logística y atención a los reclamos, incluyendo envío de insumos a nivel nacional. Este enfrentamiento sindical intensifica los desafíos que enfrenta el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en la gestión de finanzas y mantenimiento de la integridad institucional en medio de las presiones internas y políticas. La situación evidencia la complejidad de reformar y fortalecer el sistema judicial durante la administración de la Cuarta Transformación.
