El caso del huachicol fiscal se ha convertido en uno de los mayores escándalos de corrupción en México. Las investigaciones apuntan a una red que incluye marinos, funcionarios aduanales y empresarios, que supuestamente operaba para introducir combustible al país de manera ilegal, evadiendo millonarios impuestos a través de documentación falsa. Este esquema no solo consistía en tráfico de hidrocarburos, sino que operaba desde puertos y aduanas estratégicas.
Las indagatorias revelan que la red habría importado gasolina y diésel desde Estados Unidos, registrándolos como aceites industriales o aditivos, con el fin de eludir el IEPS y el IVA. Después de liberar las cargas en los puertos mexicanos, el combustible era distribuido a redes de almacenamiento y venta, incluso mezclándose con el mercado legal. La operación requería protección de diversos actores institucionales que facilitaban el paso de cargamentos sin inspección.
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna son nombres clave en el caso, tras ser identificados como implicados centrales. Ambos fueron dados de baja de la Secretaría de Marina y enfrentan investigaciones. Mientras Manuel Roberto ya fue detenido, su hermano Fernando permanece prófugo, lo que ha vinculado el escándalo a la familia del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aunque este no ha sido formalmente acusado.
Además, se mencionan a otros funcionarios y operadores relacionados con importaciones irregulares, así como a empresarios estadounidenses, como James Jensen, acusados de participar en el contrabando disfrazado de lubricantes. Muertos relacionados con estas investigaciones generan suspicacias sobre represalias. La investigación ha revelado teorías sobre una estructura de corrupción institucionalizada y la implicación de intereses criminales en aduanas, pero carece de imputaciones directas a niveles políticos superiores.
Las indagatorias continúan, con un enfoque en posibles conexiones criminales y lavado de dinero. Mientras tanto, la defensa de algunos imputados señala irregularidades en las investigaciones y argumenta que hay motivaciones políticas detrás del proceso.
Con información de vanguardia.com.mx