Casi mil empleados del organismo, con más de 10 años en el puesto, solicitaron abandonar sus funciones, lo que obliga a incrementar presupuestos y revela incertidumbre institucional. Una reciente ola de solicitudes de retiro voluntario ha generado una situación sin precedentes en el Instituto Nacional Electoral (INE), la cual refleja inquietudes sobre el impacto de la próxima reforma electoral en su estructura. Un número cercano a mil trabajadores, todos con antigüedad superior a una década, han optado por abandonar sus cargos antes de fines de este año, lo que ha obligado a la institución a ampliar significativamente sus recursos destinados a finiquitos. Inicialmente, el presupuesto para este propósito era de 100 millones de pesos, pero ante la alta demanda, la cantidad fue elevada a 350 millones, y aún así, la institución enfrenta un déficit presupuestal que supera los 21 mil millones de pesos. La tendencia de retiros en el INE, que comenzó a dispararse en 2018, refleja incertidumbre en el personal, posiblemente motivada por cambios institucionales y políticas futuras. Además, en el primer trimestre de este año, ya se habían erogado más de 700 millones de pesos en finiquitos, evidenciando la magnitud del fenómeno y su posible repercusión en la operación del organismo electoral. La decisión de muchos empleados de abandonar sus cargos antes de tiempo plantea desafíos importantes para la continuidad y estabilidad del órgano electoral en unos momentos de transformación política y legal. El contexto actual evidencia cómo las reformas propuestas y el ambiente de incertidumbre política pueden afectar la estabilidad laboral en instituciones clave para la democracia. La disminución en el número de empleados de larga antigüedad podría tener implicaciones en la logística, administración y gestión de los próximos procesos electorales, lo que subraya la importancia de contar con un marco de trabajo claro y seguro para la continuidad institucional. El INE, como organismo respon
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