La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, participó en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política, iniciativa del Servicio Electoral de Chile. Este programa tiene como objetivo recopilar evidencia y generar recomendaciones para abordar la violencia política de género en el ámbito digital.
Durante su intervención, la magistrada enfatizó que la violencia digital política hacia las mujeres representa un grave reto para la democracia actual. Señaló que las redes sociales y tecnologías digitales exacerban la violencia y limitan el ejercicio de derechos político-electorales de las mujeres. Subrayó que América Latina ha progresado en la creación de marcos normativos para prevenir y sancionar este tipo de violencia, pero la implementación de políticas públicas efectivas sigue siendo un desafío.
Datos clave
- Quién: Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del TEPJF.
- Qué: Lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política.
- Dónde: Chile, en el marco de actividades del SERVEL.
- Cuándo: Reciente inauguración.
El Observatorio de SERVEL se presenta como una herramienta clave para transformar datos en estrategias de mejora que favorezcan la participación política de las mujeres en un entorno más seguro y equitativo. La magistrada también mencionó el trabajo de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, que busca prevenir la violencia política y fomentar un mejor marco de cooperación regional.
¿Cómo impacta la violencia digital en las mujeres?
La violencia digital puede manifestarse a través de acosos, difamación y amenazas en línea, afectando la participación política de las mujeres. Esto no solo limita su voz en la esfera pública, sino que también perpetúa un entorno hostil que impide el ejercicio pleno de sus derechos.
¿Qué medidas se están tomando para contrarrestar esto?
Es necesario que los países de la región implementen políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres en el ámbito digital. Esto incluye la creación de instituciones que puedan atender denuncias y asegurar un marco normativo que proteja sus derechos políticos e impida retrocesos en los avances alcanzados.
El mensaje claro de la magistrada es que los progresos en igualdad y participación no se deben dar por sentado. En México, se encuentran en un estado de alerta ante posibles retrocesos, urgidas de actuar con unidad y continuar compartiendo buenas prácticas para proteger y fortalecer los derechos políticos de las mujeres.
Con información de lja.mx