Diversos proyectos de infraestructura en estados como Quintana Roo, Estado de México y Veracruz enfrentan retrasos, sobrecostos y abandono, evidenciando un rezago que afecta al país.
México enfrenta actualmente una deuda de más de mil 700 millones de pesos por obras públicas que permanecen inconclusas o presentan atrasos significativos en varias regiones del país. La ineficiencia en estos proyectos impacta no solo en la gestión del gasto público, sino en la calidad de los servicios básicos ofrecidos a la población. Entre las obras más afectadas se encuentran el Trolebús Chalco–Santa Martha, parcialmente abierto; el Puente Nichupté en Quintana Roo, aún en construcción; y el Tren Interurbano México–Toluca, con seis años de retraso en su finalización.
Además, proyectos emblemáticos como la carretera Barranca Larga–Ventanilla en Oaxaca muestran sobrecostos millonarios y retrasos que superan los cuatro años. La situación no es exclusiva del nivel federal; en estados como el Estado de México, Veracruz y Puebla, las auditorías señalan una serie de irregularidades, obras sin terminar y recursos ejercidos sin resultados concretos. La existencia de estas infraestructuras improductivas refleja un patrón estructural de licitaciones deficiente, planificación inadecuada y supervisión insuficiente. Expertos advierten que sin un organismo técnico que priorice y evalúe estas obras, los “elefantes blancos” seguirán consumiendo recursos sin aportar beneficios a la ciudadanía.
Este rezago en infraestructura es causado en parte por la falta de una gestión efectiva y por decisiones que priorizan números sobre resultados palpables. La creación de una Oficina Nacional de Infraestructura ha sido propuesta para poner fin a estos patrones, pero aún está pendiente de implementación. La situación resalta la necesidad urgente de transparencia y fiscalización para evitar que los recursos públicos se sigan perdiendo en proyectos que solo aumentan la carga financiera y social.