La Suprema Corte de Justicia de la Nación incorpora personal ligado a funcionarios y partidos, pese a promesas de reforma judicial.
Desde su entrada en funciones en septiembre, los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han comenzado a rodearse de colaboradores vinculados a políticos, partidos y exfuncionarios, lo que evidencia una continuidad en prácticas de favoritismo en la designación de personal judicial. A pesar de las reformas prometidas para erradicar el amiguismo, diversos nombramientos recientes muestran una influencia política significativa, algunos con nexos familiares y cercanía a figuras del partido en el poder. Por ejemplo, Gerardo García Marroquín, cuñado de un líder parlamentario, ocupa un puesto clave, mientras que otros perfiles provienen de áreas ajenas al ámbito jurídico, como la academia o la administración pública. La incorporación de personal cercano a expresidentes y políticos de diferentes estados deja en duda la aplicación de los principios de transparencia y meritocracia en la selección de funcionarios judiciales. Esta situación subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y fortalecer la independencia judicial, aspectos fundamentales para garantizar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Además, el contexto actual refleja una tendencia en la que personajes sin experiencia judicial se colocan en puestos estratégicos, reforzando una percepción de clientelismo y favoritismo en las designaciones que, en teoría, deberían priorizar la meritocracia y la imparcialidad. La sociedad requiere una justicia más transparente, que rompa con el elitismo y los lazos políticos, para consolidar un sistema judicial confiable y equilibrado.