La reforma a la ley federal de derechos eleva cobros en migración, turismo, museos y sectores financieros, impactando a diversos ciudadanos y empresas.
La aprobación de una reforma a la Ley Federal de Derechos en México para el próximo año establece incrementos en tarifas y cuotas por diversos servicios públicos y permisos, con el objetivo de incrementar los ingresos estatales en más de 157 mil millones de pesos. La modificación fue respaldada con amplio apoyo en la Cámara de Diputados y ahora será analizada en el Senado. Entre los cambios destaca la duplicación de tarifas para permisos de migración, donde el costo de residencias temporales y permanentes se incrementa significativamente, afectando a miles de extranjeros que buscan establecerse en el país. Asimismo, se añaden nuevos cobros específicos para la salida de niños y adolescentes del territorio mexicano, estableciendo una cuota de aproximadamente 294 pesos.
Además, uno de los aspectos que genera mayor atención es el aumento en el acceso a sitios culturales y arqueológicos, donde precios en museos y zonas como Teotihuacán o Uxmal se duplican o triplican, alcanzando costos superiores a los 200 pesos en algunos casos. Este incremento forma parte de una política de actualización de tarifas para reflejar mejor los costos reales de operación y conservación. En el sector de transporte marítimo, aeronáutico y financiero, también se elevan las tarifas por certificaciones, inspecciones y servicios regulatorios, evidenciando un esfuerzo por ampliar la recaudación a través de estos mecanismos. Por otra parte, la ley elimina exenciones en el pago de derechos sobre el uso del agua y bienes nacionales, incluyendo playas, lo que puede impactar a las comunidades y sectores económicos que hacen aprovechamiento de estos recursos.
El impacto de estos cambios será sentido en diversas áreas, desde el turismo y la movilidad internacional hasta la administración de recursos naturales y servicios financieros, en un contexto donde la oposición considera que estas medidas responden a una estrategia recaudatoria y regresiva, afectando principalmente a sectores vulnerables y usuarios de servicios básicos.